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Vale !

Explotación infantil en el campo michoacano

Mayté Cardona Ramírez

Contralinea

Los menores son el grupo más vulnerable entre los trabajadores agrícolas que arriban a la entidad, procedentes de todo el país, en su afán por sobrevivir.

Lupita tiene apenas ocho años de edad y es una más de los niños que trabajan en la agricultura michoacana para ayudar a la economía familiar. Los menores son parte del paisaje cotidiano de los campos en la entidad, en donde desempeñan jornadas exhaustivas. Desde temprana edad aprenden a utilizar las guadañas y otros aperos olvidándose de aprender el alfabeto y de disfrutar de los juegos propios de su edad.

La historia de Lupita es común a cientos de otros pequeños que con sus padres o solos, diariamente se encaminan desde la madrugada para emprender su faena en los campos. Para Lupita, su destino es ir de región en región en busca del pan de cada día. No se queja. Desde que abrió los ojos, lo primero que percibió fueron los extensos solares en donde hombres y mujeres dejan su vida. Ahí también estaba marcado su futuro.

Se estima que en los campos agrícolas de Michoacán laboran al menos cien mil jornaleros hombres y mujeres, de los que el 55 por ciento son menores de 15 años. Sus condiciones de trabajo son infrahumanas y superan toda ficción; todos carecen de los derechos que les garantiza la legislación laboral vigente en México y que, en principio, prohibe el trabajo de los menores de edad.



Gumesindo García Morelos, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), explica que el grupo poblacional al que pertenece Lupita, está olvidado de toda autoridad gubernamental.

Señala que esos menores y adultos, sobreviven en condiciones de miseria a jornadas de trabajo superiores a las 12 horas. Conforman un grupo de personas cuyas garantías individuales como el derecho a una vida digna, a la alimentación, a la salud, a la educación, al juego, y a una identidad propia, se vulneran constantemente,

Por la difícil situación de los jornaleros, la CEDH inició un diagnóstico de todos los campos agrícolas en Michoacán. Su objetivo es contribuir a aliviar sus condiciones de vida, así como laborales, a través de un trabajo interinstitucional con participación del Congreso local, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Estatal de Población y la organización civil Fuerza Migrante sin Fronteras.

El desafío es grande, pues en esa región los jornaleros agrícolas apenas reciben 85 pesos diarios y habitan viviendas que carecen de luz y agua, por lo que sus condiciones de higiene se agravan por las inclemencias del clima que empeoran por los materiales que constituyen su precaria habitación: lámina, cartón y madera.

García Morelos estimó que la deplorable situación de los jornaleros del estado, “violenta la dignidad humana, es una especie de servidumbre y explotación en su propia tierra, es una forma de explotación de la pobreza”.

El ombudsman michoacano reprobó el trabajo infantil en los campos y agregó que son obligados a cumplir jornadas exhaustivas, en condiciones de higiene deplorables, sin derechos laborales, sin acceso a políticas de salud públicas y sin la oportunidad de asistir a la escuela.



“No saben leer, no saben escribir; los campos agrícolas fungen como universidad para preparar a las futuras generaciones para esa actividad, y en esa problemática se vulneran todos los derechos de los niños: el derecho a no trabajar, a la educación, a un desarrollo humano, el de un mejor mañana y el de la protección especial que necesitan los menores”, sostuvo.

Aunque el funcionario no descarta la posibilidad de emitir recomendaciones a las secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social, cuya competencia les obliga a abordar y solucionar esa problemática. Afirma que si esas dependencias no cumplen con su cometido, incurrirían en omisión y por ende en una responsabilidad constitucional.

Derecho a explotar

García Morelos advierte que en el caso de las empresas particulares que utilizan a niños de hasta seis años para explotarlos laboralmente sin ninguna garantía, el organismo que él representa no tiene ingerencia.

Aunque la Ley Federal del Trabajo establece que las empresas que contraten menores de edad se hacen acreedoras a una sanción económica que va de 3 a 315 días de salario mínimo y la severidad de la misma dependerá de la falta y del criterio que apliquen los inspectores de la dependencia, en el caso de las empresas transnacionales, la norma parece ser letra muerta.

En Michoacán, como en el resto de zonas agrícolas del país, la autoridad permite que las transnacionales agrícolas se aprovechen de la necesidad de ingresos de los jornaleros y extienden su explotación laboral hacia los menores de edad. En estos casos, denuncian los niños, no pagan horas extras y trabajan jornadas superiores a las 12 horas.

Sólo una empresa del municipio de Tlapujahua fue sancionada por la delegación estatal de la STyPS, tras recibir una denuncia de que empleaba a dos menores de edad.

De la explotación a menores en los campos michoacanos, Jaime Bárbara, delegado federal de la STyPS, insiste en que la dependencia no puede hacer nada: “Aquí hay confusión, lo que queremos es respetar las competencias de cada entidad, lo somos en Seguridad e Higiene, pero de las condiciones generales, los estados tienen que velar y perseguir el asunto de la explotación” y agrega que “he invitado en reiteradas ocasiones a la Dirección Estatal del Trabajo para hacer una acción conjunta, a la que nos sumaríamos, porque es competencia del gobierno del estado”. Concluye el funcionario: “no es que nos echemos la ‘bolita’, se trata de respetar las competencias de cada instancia” y exhortó a la población a denunciar los casos de explotación laboral infantil.




De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los menores 14 a 16 años pueden trabajar con el consentimiento de sus padres y en mutuo acuerdo con la instancia laboral. Sin embargo, no permite que niños desde los siete años puedan ser empleados y mucho menos en jornadas laborales extenuante y sin ningún derecho por el desempeño de su actividad.

En virtud de que esta ley tiene más de 30 años y tiene mil 10 artículos, Jaime Bárbara consideró que ya deben realizarse las modificaciones pertinentes para que los jornaleros agrícolas cuenten con un marco jurídico que respalde su actividad y los proteja de cualquier forma de explotación y más aún tratándose de niños.

Oídos sordos

En contraste, Pedro Fernández Carapia, dirigente de la organización Fuerza Migrante Sin Fronteras en Michoacán, afirma que el problema de los jornaleros agrícolas es tan grave que ninguna autoridad lo ha abordado. “Sólo se han realizado programas aislados que en nada benefician y menos mejoran las condiciones de ese grupo; se antoja que hay una especie de complicidad de oídos sordos, ante ese fenómeno”.

Para el entrevistado, la expresión más grave de ese fenómeno es la explotación de los niños en los campos. “No hemos encontrado un solo trabajador que esté protegido por un contrato laboral, ni que tenga las prestaciones que marca la ley; en un campo agrícola de la región de Tierra Caliente una sola persona estaba afiliada al Seguro Social, pero no por el patrón sino por una familiar que le hizo el favor de darlo de alta para atender un padecimiento”

El líder contrastó el doble discurso de las autoridades mexicanas, que por una parte exigen un trato digno y de respeto a los connacionales que emigran hacia Estados Unidos en busca de trabajo y, por otra parte, en el país se violentan los derechos de su clase trabajadora.




Por ello, Fuerza Migrante sin Fronteras, responsabiliza a los tres niveles de gobierno de desatender esa problemática que afecta a miles de familias porque desconocen cómo hacer válidos sus derechos y se conforman con un mísero jornal.

Mientras las autoridades gubernamentales discuten a cuál competen las atribuciones de cada instancia, la explotación de los jornaleros agrícolas de Michoacán por empresarios no cesa. Al fin y al cabo están acostumbrados a sobrevivir con 85 pesos diarios…

De acuerdo con cifras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el 96 por ciento de los niños que están en situación de calle y realizan algún trabajo, tienen familia y sus padres –que tienen su patria potestad– son quienes los envían a trabajar.

En Michoacán, actualmente suman unos cien mil infantes que realizan alguna actividad remunerada. Además de Morelia, ciudades como Zamora, Maravatío, Irimbo, Zitácuaro, Jacona y Uruapan, han visto aumentar las concentraciones de niños en las calles para desempeñar alguna actividad a cambio de algunas monedas.

Se estima que la población infantil que trabaja lo hace en los cruceros, supermercados, y mercados como “cerillos” y “diableros”. Y en la capital michoacana suman ya mil 200 los niños en esas condiciones.

Así lo explica María del Carmen Escobedo Pérez, directora del DIF estatal, quien agrega que durante la temporada de fin de año se incrementa la presencia de menores en la vía pública de la entidad. Eso se atribuye a que en esa temporada, arriban familias de otros estados a Michoacán para vender diversos artículos y alimentos en las calles.

Para revertir ese fenómeno, el DIF apoya con 800 pesos mensuales, que otorga en dos pagos, a niños en riesgo de abandonar la escuela por su situación vulnerable. Este apoyo llega a través de un programa de becas a mil infantes en distintas regiones de Michoacán.

Por su parte, cifras de la Escuela Nacional para Trabajadores apuntan que el segmento estatal infantil que trabaja en Michoacán, representa el 6.35 por ciento de la población ocupada, por lo que es apremiante erradicar la explotación de los niños y sus peores formas, como la prostitución y pornografía infantil.

Cargo público, no botín

Jesús González Schmal

3 de marzo de 2007

El Universal

Una práctica monarquista como dar una pensión discrecional a los presidentes de la República que concluyen su periodo, además de dotarlos de un costoso equipo humano y de escoltas hasta para la protección de hijos y allegados, va a concluir si, como se espera, el Senado en pleno aprueba el dictamen de la iniciativa de Pablo Gómez Álvarez. Miguel de la Madrid fue el presidente que quiso dar permanencia a esta costumbre mediante un decreto presidencial cuando, conforme a la Constitución, tal erogación debe ser materia de una ley expedida por el Poder Legislativo con base en criterios definidos y precisos, en tanto se trata de dinero del pueblo en el presupuesto anual.

La administración pública requiere para su funcionamiento -y obtener la respetabilidad- del pueblo operar no sólo con absoluta transparencia, sino con bases técnicas de análisis y valuación de puestos y escalas de sueldos y salarios, de acuerdo con el nivel de especialidad y responsabilidad del cargo. Este capítulo está desquiciado en la administración pública federal, que asigna personas a los puestos sin detenerse en si califican o no para un buen desempeño, sino por razones de recomendación o de cuotas partidistas. El resultado es desastroso porque el desempeño de muchas funciones públicas, a niveles de desconocimiento y corrupción, causa altos costos al ciudadano, y afectan la moral y el ambiente hacia adentro de la burocracia, que sabe que no es la calidad y eficiencia lo que se reconoce, y hacia afuera porque el público se siente impotente frente a la incapacidad e indolencia en el manejo de sus asuntos y en la prestación de servicios públicos.

Por ello es un acierto que tendrá gran trascendencia el que se regulen con claridad, por el Congreso, los niveles de sueldos y salarios, y se pueda establecer algún sistema de calificación de desempeño para que quienes en la administración pública no cumplan debidamente sus responsabilidades, sean separados, así se trate de los mismos recomendados del Presidente, incluyendo a secretarios de gabinete (directores de paraestatales y cualquier cargo de designación) a los que el pueblo no tiene por qué pagar si no trabajan con probidad y con resultados satisfactorios a favor del ciudadano. Esta, que debería ser la tarea principal de la Secretaría de la Función Pública, ha quedado relegada por la prevalencia de intereses políticos.

Debe reconocerse que en este ordenamiento de salarios, en el que se fijó un tope superior y se suprimieron bonos adicionales, el que abrió brecha fue el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF. Política que prosiguió Andrés Manuel López Obrador, también bajo el principio de "achatar polos", es decir, reducir los sueldos más altos e incrementar los de niveles inferiores. Este sano precedente hizo que en la capital de la República, también, los salarios de la mayoría del personal lograran recuperar algo de la pérdida del poder adquisitivo.

Es esta reforma el punto de partida para salvar al pueblo de la afrenta que supone sufrir un sexenio de mal gobierno y atrasos en lo económico y social, y todavía, como remate, pensionar de por vida a un presidente o a su viuda con cantidades desproporcionadas, pagando una cauda de apoyos y personal que no tiene justificación para un pueblo que vive penurias y carencias evidentes.

El efecto de esta reforma aliviará también la injusticia y el absurdo de los exorbitantes sueldos y beneficios que se autoasignan los ministros de la Suprema Corte, que constituyen una ofensa al pueblo más pobre e incluso a la misma burocracia dorada de los ex directivos de Pemex, Banobras, Banxico, Nacional Financiera, etcétera, que no sólo se pagan un escandaloso bono de marcha al término de su gestión, sino se pensionan de por vida para ellos y sus familias. Ello es contrastante con lo que ocurre, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del DF, en donde un magistrado con más de 30 años de servicio recibirá una pensión total de 14 mil pesos sin derecho a seguro de gastos médicos mayores.

Será indispensable, desde luego, que esta norma se traslade a los estados donde, como ocurre en el de México, hasta Arturo Montiel, archimillonario, exonerado de enriquecimiento ilícito por sus sucesores, ahora recibe una generosa pensión de 2 millones de pesos anuales, con los mismos apoyos de personal y gastos que en la Federación acostumbran dar a los ex presidentes.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

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